Ante las nuevas declaraciones del señor Rodrigo Tacla Durán, reconocido operador financiero de la empresa Odebrecht en las que señala al presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela de haber recibido favores y sobornos de dicha empresa brasileña, así como de obstaculizar junto al Ministerio Público panameño las investigaciones de este caso.
El PRD reitera su exigencia de que las autoridades judiciales realicen una investigación detallada de toda esta situación, sin selectividad de ninguna clase y rechaza las declaraciones del Presidente Juan Carlos Varela, con las que intenta minimizar la gravedad de los señalamientos y tomar distancia de los mismos, en lugar de asumir un rol de liderazgo que promueva el esclarecimiento de los hechos señalados en el diario El País de España. El presidente Varela debe honrar el cargo que ostenta y respaldar las investigaciones de este caso, caiga quien caiga.
Desde que estalló el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht, nuestro partido advirtió la necesidad de que se tomaran las medidas necesarias para llevar adelante una investigación seria e imparcial en relación a los hechos.
El PRD reclama, como lo hemos hecho desde el inicio, responsabilidad en la investigación, transparencia y enérgicas sanciones. Resulta lamentable que por más de tres años las autoridades judiciales panameñas no hayan
sido eficaces para perseguir la corrupción y las lesiones patrimoniales al Estado y que en determinados casos solo se reaccione en base a informaciones publicadas por medios internacionales.
Nuestras instituciones competentes, deben responder al pueblo panameño y cumplir con la justicia, el pueblo exige claridad en las investigaciones, el Ministerio Público ya ha dicho que tiene nombres y la sociedad está esperando los resultados. La procuradora está en la obligación de asumir el rol que le corresponde o de lo contrario ceder el espacio a quien sí esté dispuesto a cumplir con esta misión.
Así mismo, el PRD considera que nadie está por encima de la ley y si las investigaciones corroboran la vinculación del presidente de la república con estos hechos de corrupción, la Asamblea Nacional deberá actuar con firmeza y determinación, tal como lo exige la sociedad panameña.
Reiteramos que la corrupción castiga a los humildes, a los que más necesitan la atención responsable del Estado y equivale a quitarle a cada panameño, sobre todo a los sectores más vulnerables, recursos que bien han podido destinarse a la solución de los problemas más agobiantes de nuestra sociedad. Por eso reafirmamos nuestro compromiso de combatir este flagelo que atenta contra el desarrollo económico con la equidad que promovemos.
Comité Ejecutivo Nacional Partido Revolucionario Democrático