El Directorio Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) reunido hoy, 29 de octubre de 2017, en ciudad de Panamá, reitera la trascendencia política de la convocatoria para realizar un Congreso Nacional Extraordinario en el mes de marzo de 2018, el cual valorará aprobar reformas al Estatuto del Partido y trazará el camino para la victoria en las elecciones generales de mayo de 2019.
Ello será posible si actuamos permanentemente con el coraje, el desprendimiento y el compromiso torrijista que las circunstancias ameritan para superar las infames condiciones que vive Panamá, ocultas bajo una apariencia de bonanza que disfruta una selecta minoría, mientras las amplias mayorías sufren los males sociales acumulados, no resueltos, lacerantes por los estragos de las exclusiones, la marginalidad, los sitios de hambre, miseria e indolencia.
Los adversarios saben perfectamente que el PRD tiene todas las condiciones y opciones políticas para restaurar con las concepciones torrijistas de su ideario liberador- un poder capaz de transformaciones profundas, justas, participativas y no un gobierno de más de lo mismo. Por ello, minar la unidad del PRD, destruir incluso desde dentro su cohesión, mediatizarlo, desfigurarlo ante los ciudadanos, es un objetivo estratégico irrenunciable de quienes son enemigos de la equidad y la justicia social. La unidad en acción y en hechos es la clave, no la palabra vacía y demagógica. La unidad fraterna, la actitud y la confianza tienen que primar entre nosotros como respuesta contundente a las pretensiones de liquidarnos. Unidad para detener a los mismos que han devastado al país, a los que han perturbado el futuro, a los que pretenden apropiarse de todos los recursos y riquezas de la nación. Unidad, discurso único, comprometido, sin traicionar nuestros principios. El PRD es la casa donde cabemos todos y caben las esperanzas de nuestro pueblo y por ello debemos fortalecerla y defenderla en unidad.
El PRD es un partido en la oposición y, como tal, tiene la responsabilidad política de actuar en consecuencia con los intereses nacionales, hoy socavados por la corrupción y las prácticas avasalladoras llevadas al extremo por Ricardo Martinelli; por el volumen de delitos cometidos desde un gobierno mafioso, que llevó a cabo el saqueo nacional sin precedentes de miles de millones de balboas y que permanentemente trasgredió los poderes públicos. En Panamá ha sido dañada severamente la institucionalidad y se ha debilitado el estado democrático. Y durante los más tres años del gobierno de Juan Carlos Varela, lejos de lo que muchos pensaron, la fractura institucional se mantiene y agrava. La corrupción rampante, aunque por ahora disimulada se mantiene, y vuelve a editarse la manipulación del poder judicial con fines políticos.
Este Directorio Nacional ha examinado con preocupación la suerte de maniobras y engaños por parte del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, destinadas a mantener en la dirección del Estado la misma alianza de sectores con prácticas corruptas que primero compartió y luego le cuestionó a Ricardo Martinelli.
Pese a haber hecho de la lucha contra la corrupción la bandera inicial de su gestión, el pueblo panameño mira hoy con rechazo como ha incumplido sus promesas electorales, sin auditar los sobreprecios de proyectos que él mismo denunció y sin reformar la Ley de Contrataciones Públicas de la que tanto responsabilizó por la orgía de los corruptos, manteniendo el mismo esquema que sigue permitiendo el despilfarro de la riqueza nacional. El gobierno actual ha demostrado ser una prolongación del anterior, no ha cesado el atraco, el ocultamiento; sólo hay dilataciones, pretextos y justificaciones.
A sólo veintiún meses del fin del quinquenio, no hay castigo para los que robaron y huyeron con complicidad, como Martinelli. El inventario delincuencial está atascado, investigaciones con oquedades que no prosperan, crecen los casos cerrados antes de ventilarse, valorar pruebas o rendir alguna sentencia.
Las sucesivas comparecencias televisivas de la Procuradora General de la Nación, anticipando que no se impartiría justicia en casos de alto perfil, que existen presiones sobre el Ministerio Público -sin decir de parte de quiénes- para detener procesos, han configurado ya un escenario decepcionante y aborrecible: el de la impunidad. Esta semana, anunció la suspensión de las investigaciones en el caso Odebrecht, porque el juzgado que lleva este caso le ha exigido el cumplimiento del tiempo judicial. En un Estado de Derecho como el que vivimos, investigaciones como el caso Odebrecht pueden transcurrir ilimitadamente, mientras no se produzcan detenciones. Las detenciones solo son viables cuando las fiscalías están listas, con las pruebas necesarias para llevar a juicio a los imputados. Pero las fiscales a cargo de este escándalo ordenaron detenciones sin tener cumplidas sus investigaciones y después que detuvieron debieron cambiar medidas cautelares. Hoy, los que fueron detenidos están libres bajo fianza. Las medidas cautelares ordenadas por el Ministerio Público sólo tuvieron el propósito de hacer que los términos corrieran para tener este resultado frustrante, en el que la impunidad cubre con su manto no sólo a la mafia de Ricardo Martinelli, sino a la de Juan Carlos Varela.
La lectura correcta sobre esta asombrosa situación es que estamos ante un encubrimiento sofisticado, con coautores y complicidad del Ministerio Público, Órgano Judicial y el Ejecutivo, quien decide, orienta e induce la clausura de una causa aparatosa por lo robado, no investigado y la manipulación de la justicia. El fingimiento de escenarios jurídicos en pugna que no existen y el engaño a los ciudadanos es una tapadera pactada.
Es este escenario el que explica la necesidad del gobierno del presidente Varela, en complicidad con el Ministerio Público, de montar el show publicitario en torno a una operación judicial fingida que en breve término quedará en evidencia ante la faz del país.
Precisamente -no por última vez sino por primera y solidaria- este Directorio Nacional, declara su firme posición de que Eudocio Ernesto «Pany» Pérez, Primer Subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, fue y es objeto de agravios personales demostradamente infundados; acusado con premeditación para asestarle un golpe a nuestro partido en su máxima dirección política. Reconocemos su trayectoria inquebrantable y vertical. Pany en este caso va a salir bien librado porque no se trata de otra cosa que el ultraje a un inocente.
El intento de privatización de ETESA, al proceder a modificar la ley y cambiar las normas del mercado eléctrico, es un negocio al que sólo le falta legalizar el monopolio total para operar, trasmitir y facturar la electricidad al pueblo panameño. Desde esta tribuna, anunciamos nuestro rechazo a la pretensión del actual gobierno de querer hacerse, junto a operadores privados, del único componente de nuestro sistema energético que quedó 100% en manos del Estado. Es un asunto de seguridad nacional. La conspiración de más de 8 años, entre las administraciones de Martinelli y Varela, promoviendo el deterioro de la institución para justificar su privatización debe ser denunciada y frenada, y conminamos a nuestros diputados en la Asamblea Nacional a frenar dicha iniciativa que el día de mañana será tratado en primer debate en la Comisión de Comercio.
Un país incierto, inseguro, con una criminalidad que aterra a la población y ya mata hasta a los policías, nos señala la incapacidad de este gobierno de asegurar la paz y tranquilidad de los ciudadanos. Este año se produjeron más de cuatro mil violaciones sexuales a menores y el presidente Varela hace un sepulcral silencio.
En el ámbito internacional, el gobierno actual ha supeditado la política exterior a los intereses de Washington, en lugar de salir en defensa del interés nacional. Es lamentable que en el caso del grupo GESE no se haya acompañado consecuentemente a los directivos y trabajadores de La Estrella y El Siglo frente a las medidas unilaterales decretadas por Estados Unidos en perjuicio de estas empresas panameñas, ni se haya pronunciado enérgicamente contra el atentado a la libertad de expresión que conlleva estas medidas y que, por el contrario, haya tolerado la abierta injerencia practicada por el embajador de este país, en este caso, derivado del caso Waked, mediante el cual se destruyó el segundo grupo económico del país so pretexto de desmantelar una organización criminal que a fin de cuentas no pudo probarse en un proceso, costándole miles de empleos y millones en pérdida al país.
La administración Varela ha sometido a un abandono dramático e irresponsable los principales servicios a la población. El transporte es la calamidad cotidiana de los panameños, a pesar de contar con los recursos y la masividad del Metro en expansión. UBER seguirá y se expandirá porque hay razones desde el poder de que sea así, aunque no se resuelva nunca la eficiencia en el servicio y las rutas de los pobres. Una vez más, un problema tan sensitivo como el del transporte público metropolitano es la excusa perfecta para hacer “negocio”, como ocurrió con los enormes sobrecostos del Metro, la leonina contratación de Mi Bus y ahora, al margen de la ley, con UBER. ¿Quién está detrás de este nuevo negocio? Quien más sino los allegados a Juan Carlos Varela.
Por otra parte, la salud pública entra en crisis. Enfermedades que creíamos superadas reaparecen. La tuberculosis y la sífilis congénita, cuyos índices se redujeron al mínimo en 2009, tienen hoy indicadores no vistos en nuestro país durante décadas. La disponibilidad de medicinas es un mito como lo es el fin de la mora quirúrgica; desapareció la prevención, emergieron hospitales sin dar servicios a la población y otros se quedaron sin construir porque eran para robar y no para sanar.
Panamá no puede ser más el país de gorgojos, un país con Canal ampliado y sin agua potable en comunidades a su alrededor. De la ineficiencia personificada en una institución postrada como el IDAAN. La promesa de 100% agua potable quedó en el olvido y el gobierno actual, en lugar de dotar de recursos a la institución para hacer más eficiente el servicio, trama la tercerización del mismo a través de una empresa colombiana que se hace el traje a la medida, con información privilegiada, para quedarse con este “negocio” junto a personeros del gobierno.
Las agro-importaciones destruyen al productor nacional y hacen inaccesible la canasta básica. Estamos frente a la peor embestida al sector agropecuario de su historia. La seguridad alimentaria queda a la suerte de los mercados internacionales. Arroz, cerdo, leche, a la deriva. Este es el espejo del abandono e insensibilidad con la población campesina y sus opciones de vida. ¿Por qué puede haber 23 millones de dólares para remodelar un parque de la capital, mientras que el sector agropecuario transita por grandes dificultades sin ningún respaldo del estado?
La comunidad nacional asiste a una danza de millones y millones de dólares, donde se despilfarra a manos llena un recurso que le costó a los panameños muchos sacrificios. Nada de lo que se presupuesta anualmente se traduce en plazas de trabajo y por el contrario se ha incrementado el desempleo urbano y quienes trabajan engrosan cada vez más el empleo informal. Una absurda ecuación se está consumando sobre Panamá: A mayor crecimiento más hambre. Ello es así, porque la salvaje mala fe de los recientes gobernantes, como nos señaló Omar Torrijos, se empecina en trepar ella sola, voraz, e intenta apropiarse de todo el país.
Dejamos claramente establecido que el PRD se aboca a una lucha ardua y sostenida por la recuperación de las políticas públicas y restauración de todos los derechos sociales que la administración de Juan Carlos Varela no ha respetado por estar ocupado en llevar adelante su agenda propia y no la del país.
El Directorio Nacional del PRD hace un llamado vehemente a todos los Torrijistas, del partido y de la nación, y al pueblo panameño en general, para que en el 2019 volvamos a la senda de la decencia y poder construir un futuro con equidad y justicia social.
DIRECTORIO NACIONAL
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO