La transparencia y el acceso a la información pública constituyen una brújula esencial que nos orienta hacia un modelo de administración del estado que se basa en la gestión del interés público de forma abierta y visible a los ojos de los ciudadanos.
Los partidos políticos son financiados mediante financiamiento público y privado, ambos se encuentran regulados por el Código Electoral y deben ser manejados bajos estrictos principios de transparencia y rendición de cuentas.
El artículo N° 193 del Código Electoral establece que la Contribución del Estado para los gastos de los Partidos Políticos y de los candidatos de libre postulación la hará el Tribunal Electoral, a través de un financiamiento electoral previo a las elecciones y un financiamiento electoral posterior a las elecciones.
El correspondiente aporte es recibido trimestralmente en cinco anualidades iguales, a partir del 1 de julio del año de las elecciones. Los fondos son destinados para financiar la operación y funcionamiento del Partido y actividades dirigidas a la realización periódica de actividades consultivas, organizacionales y de bases, con el fin de contribuir con el fortalecimiento de nuestra democracia interna, capacitaciones, estudios de mercado, y gastos de comunicación, entre otros.